“La justicia ha dejado impune el brutal acoso a mi hija”
El digital “CrónicaGlobal” ha publicat una notícia sobre un cas d’assetjament escolar a la nostra ciutat. Una mare de Cerdanyola i la seva filla, que va ser ingressada, busquen justícia per un cas d’”assetjament escolar” en el centre FEDAC “Anunciata” de Cerdanyola, que el jutge va admetre però no va castigar.
“La justicia ha dejado impune el brutal acoso escolar a mi hija”. Una madre de Cerdanyola denuncia que su hija de 16 años sigue sufriendo los efectos y las amenazas de los culpables de un desgarrador caso de bullying que el juez admitió, pero dejó sin castigo.
El magistrado sobreseyó antes del verano la denuncia por acoso a María (nombre falso). Lo hizo pese a admitir la veracidad de los insultos y amenazas de las acosadoras, que obligaron a la familia de la adolescente a ingresar a su hija durante más de seis meses en el centro de día de la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) por el daño psicológico sufrido.
“Nos hemos sentido indefensos. Nadie nos protegió. Y lo peor, algunas de las familias de las menores que la perseguían nos insultan y levantan el dedo por la calle”, explica A., madre de la estudiante, a este medio.
La ciudadana ha acudido a las redes sociales en busca de apoyo de “alguien” que pueda aportar “justicia” para María y castigar a sus acosadoras.
Crisis e ingreso
El apelativo “acosadoras” no es gratuito ni exagerado. La familia de María interpuso denuncia penal en 2015 por el acoso escolar que estaba sufriendo su hija en el colegio Fedac Cerdanyola, popularmente conocido como Anunciata, en el municipio de la conurbación barcelonesa.
El episodio incluyó insultos, amenazas dentro y fuera del centro escolar contra la estudiante de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los vituperios, que llegaron a los grupos de WhatsApp, causaron un grave daño a la menor.
“Un día, andando por la calle, colapsó. Tuvo una crisis gravísima. La tuvimos que ingresar en la unidad psiquiátrica del Parc Taulí. Con 14 años”. Permaneció allí seis meses, “haciendo los deberes como podía”.
Mientras María lidiaba con un calvario, el caso llegó a Inspección Educativa, a los Mossos d’Esquadra y a la fiscalía de menores. El ministerio público dio traslado del caso al juez instructor, quien lo admitió a trámite.
Tras dos años de batalla legal, el magistrado sobreseyó el caso. En su escrito, el juez admitió que había existido acoso contra María, pero no apreció delito al entender que la escuela “había tomado medidas correctoras” y que la menor “se encontraba fuera de peligro”, ya que sus padres la habían cambiado de colegio.
“Aterrada”
En efecto, María estudia ahora en un instituto de Sabadell (Barcelona), a pocos kilómetros de donde sufrió su particular via crucis. Es donde Enseñanza le cedió una plaza para alejarla del grupo que le amargó la vida.
Sigue en tratamiento psicológico y psiquiátrico y ello lastra su rendimiento educativo. Sus acosadoras, por su parte, no recibieron castigo penal y continuaron con sus carreras académicas. También las familias de las jóvenes evitaron la fuerza de la ley.
La familia de la joven “vive aterrada“, hasta el punto que su madre tiene que recoger a María cada día en coche en la nueva institución educativa.
“Ella me preguntaba que por qué le pasaba esto. Yo no le podía dar respuesta. Máxime cuando salía a tirar la basura y los padres del grupo de niñas acosadoras nos hacían peinetas y se reían de nosotros por la calle en Cerdanyola. Indefensión total”, lamenta A.
“Se podría haber hecho más”
¿Se podría haber hecho más en el caso de María? “Sí”. Es la respuesta de Laura González, abogada especializada en casos de acoso escolar y colaboradora de entidades contra el bullying. En su despacho recaló el terrible caso de la menor cuando ya era tarde.
En conversación con este medio, lamenta que a los padres de María se les asignara una abogada de oficio que no siguió el caso al detalle. “Esa letrada hizo lo mínimo exigible para cubrir el expediente, nada más. No presentó pruebas periciales a tiempo, que hubieran demostrado el tremendo daño a la menor, ni informó a la familia del estado del procedimiento”, explica.
“Cuando llamé a la letrada para consultar el expediente, su teléfono estaba siempre inoperativo. La tuve que localizar vía Colegio de Abogados de Barcelona. El de María fue un caso muy grave, pero cuando yo intervine ya no se podía hacer nada. El momento procesal era demasiado avanzado, lo que provocó el sobreseimiento del caso”, agrega.
“Seguramente, una buena defensa legal habría podido llegar más lejos. Pero la letrada de oficio se limitó a hacer su trabajo al ralentí“, concluye.
“Hicimos todo lo posible y más”
Jacint Ribas matiza esta versión. Es el director del colegio Fedac Cerdanyola, donde se produjo el acoso. El director del centro religioso concertado asegura que “hicieron todo lo posible para detener el caso”.
“Se avisó a Inspección Educativa, a los Mossos d’Esquadra y a todos los entes que pudimos. El caso nos produce una tristeza enorme, porque separamos a la menor de sus acosadoras. La mantuvimos vigilada e incluso hicimos charlas de conscienciación en el centro”, enumera el profesor del colegio, vinculado a la orden de las Dominicas de la Anunciata.
Ribas asegura que el bullying tuvo lugar “siempre fuera del centro y vía redes sociales”, algo que la familia rechaza. Dentro de la escuela, insiste, “se hizo todo lo posible para atajarlo”.
Los parientes de María discrepan de la versión de Ribas y recalcan que “se expuso a la menor ante todo el colegio, se la privó de salir al patio e incluso se le negó salir en la orla de final de curso. Escondieron el episodio para no manchar el nombre de las escuelas Fedac”.
“Los colegios están perdidos”
La asociación antiacoso No al Acoso Escolar (NACE) también intervino en el escándalo, que no ha trascendido hasta la desgarradora llamada pública de socorro de A..
Carmen Cabestany, secretaria de la oenegé especializada, considera que jueces, fiscales y centros educativos “no están preparados para afrontar casos de la complejidad que entrañó el de María”.
La activista subraya que los niños y niñas que se enfrentan a estas situaciones “pasan por un calvario que, a menudo, los jueces interpretan como riñas menores de ‘peques’”.
Apoyo legal inmediato
Cabestany ha manifestado que los padres que detecten conductas de este tipo deberían “buscar apoyo legal y/o asociativo de inmediato, recabando las máximas pruebas posibles”. Según ella, “el coste para los menores empieza desde el minuto cero. Pero para demostrarlo se necesitan pruebas periciales”.
Con lo que respecta a los colegios, la también letrada recuerda que muchos centros “aún viven como un desprestigio un caso de acoso, como algo que les puede perjudicar. O no saben qué hacer. Ante ello, los padres deben actuar con sangre fría, pero con firmeza para que no se enquiste la impunidad”.
