Expressa’t: Insurrectos y acomplejados

La pasividad de los Mozos de Escuadra el 21 de septiembre, mientras las hordas congregadas por la ANC, Omnium y CUP destruían vehículos de la policía judicial durante el registro de la consejería de Economía, dio una pista de lo que podía ocurrir y sucedió el 1-O: la mayoría de los Mozos incumplió flagrantemente las órdenes de la magistrada Armas de desalojar y sellar los centros de votación antes de las 6:00 horas para impedir la celebración de la ilegal consulta. ¿Acaso alguien creyó que el consejero Forn y el mayor Trapero iban a cumplir las órdenes? ¡Si su misión era precisamente facilitar la apertura de los centros! No me sorprendería nada que los mandos de los Mozos conocieran la localización de los centros desde los que se distribuyeron urnas y papeletas y hay indicios de que la operación pudo haber sido planeada por sus propios servicios de información.

Puigdemont y los Mozos burlaron al Estado

Ningún Gobierno que se precie puede enviar a un coronel de la Guardia Civil a coordinar el operativo de seguridad, cuando se está fraguando nada menos que un golpe de Estado, sin investirle de la autoridad necesaria para cumplir su misión. Que los Mozos nada iban a hacer para impedir la apertura de los centros de votación se tornó en certeza cuando anunciaron que no los desalojarían con gente dentro. El Gobierno, burlado, debería haber ordenado inmediatamente la detención de Forn y Trapero por desobediencia reiterada a una orden judicial conducente a la consumación de los delitos de desobediencia y sedición.

Aunque resulte ingrato detener a los representantes del Estado en Cataluña, ésa es la obligación del Gobierno cuando aquellos se sitúan deliberadamente fuera del orden constitucional, utilizan fondos públicos para delinquir y desacatan las órdenes de los Tribunales. Todos los miembros del gobierno de Cataluña están fuera de la Ley desde al menos el 6 de septiembre, cuando aprobaron la “ley del referéndum de autodeterminación” y se confabularon para conspirar contra el orden constitucional, y consumar, como hicieron finalmente, su propósito delictivo el 1 de octubre. De 24 días dispuso el Gobierno de España para ilegalizar a la ANC, a Omnium y a la AMI, y para detener a los principales golpistas: Puigdemont, Junqueras y Forcadell y a los portavoces de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP. Hoy mismo escuché a Sáenz de Santamaría afirmar que Puigdemont está fuera de la ley. Con todos mis respetos: si así es, el Gobierno debe instar a la Fiscalía a solicitar una orden de detención. Los delincuentes no pueden andar sueltos, máxime cuando amenazan con ejecutar en horas un delito todavía mayor: proclamar la independencia de Cataluña.

Mediación internacional

El gobierno de la Generalitat casi logró el 1-O la fotografía que buscaba desesperadamente: ofrecer las imágenes del enfrentamiento de ciudadanos con efectivos de la GC y la PN para solicitar la mediación internacional. Y digo que casi lo lograron porque la prensa internacional compró inicialmente la mercancía servida en bandeja por la Generalitat y sus medios de comunicación. Nada dijo de las provocaciones, insultos y acciones violentas de los ‘pacíficos’ comités de defensa del referéndum (CDR), en los que están integrados militantes de CUP, ANC y ERC, bien asesorados por el buenazo de Otegui y expertos terroristas vascos. Ojo al dato, porque estas células podrían transformarse en ‘comités de defensa de la república’ tras declararse la independencia y ocupar algunas infraestructuras y medios de comunicación. No seamos ingenuos: la violencia vivida en Cataluña desde día 21 de septiembre ha sido instigada y financiada por la CUP, la ANC y Ominum Cultural e indirectamente por Puigdemont y su gobierno y su grupo parlamentario Junts pel Sí.

Poco a poco va saliendo a la luz la cruda realidad: más de 400 policías lesionados, videos trucados con escenas de represión de los Mozos y la falsa noticia sobre la concejal de ERC a la que un policía había roto cuatro dedos, uno a uno, palpado y manoseado. Esa burda ficción corrió como la pólvora por la red y llevó a un ‘indignado’ amigo mío (de vacaciones en Canadá) a echármelo en cara. Infórmate bien, le contesté. Toda una campaña orquestada para reclamar la mediación internacional a la que Puigdemont se agarra ahora como a un clavo ardiendo mientras el Banco Sabadell, la Caixa y otras entidades financieras y empresas no financieras anuncian su salida de Cataluña.

Los catalanes, dejémoslo bien claro, no sólo no han sido víctimas del resto de españoles sino que éstos han sido la fuente, casi única o principal, de su prosperidad desde 1714 hasta hoy mismo. No en vano historiadores catalanes acuñaron la expresión “Cataluña, la fábrica de España” para referirse al despegue económico y demográfico que propiciaron las reformas administrativas y fiscales introducidas por Felipe V. España y las colonias fueron a partir de ese momento del principal mercado de las manufacturas y productos industriales producidos en Cataluña. Se inició así un proceso de crecimiento de la renta per cápita de los catalanes que abrió una enorme brecha en relación con el resto de españoles. Aunque ese diferencial se ido reduciendo desde los años 60 del siglo pasado, la renta per cápita de los catalanes era todavía el 23% mayor que la del resto de españoles en 2016, y el 6% superior a la media europea en 2015. No está nada mal para tratarse de un pueblo oprimido y expoliado.

Gestión fallida

La gestión del Gobierno de España del intento de la Generalitat de internacionalizar el conflicto ha dejado, por incomparecencia, mucho que desear. Nunca se debió permitir las actividades desplegadas por la consejería de ‘exteriores’, las ‘embajadas’ y el consorcio Diplocat. Tampoco se respondió apropiadamente a las giras propiciadas por la Generalitat para promover la causa independentista en Estados Unidos y la UE, tournées a las que el Gobierno tendría que haber respondido enviando a científicos, juristas, intelectuales, artistas, deportistas, etc., dispuestos a exponer la realidad de España y desmentir las fabulaciones secesionistas. Hace unos días, Coixet, reputada directora cinematográfica, tuvo que escribir una carta a sus amigos repartidos por medio mundo para desmentir las deformaciones interesadas que buscan desacreditar nuestra democracia; y desde ese día, está siendo acosada por los secesionistas. El Gobierno debería ser consciente de que quien permite difundir infundios puede acabar perdiendo la batalla de la opinión pública internacional. Con su mutismo y falta de iniciativas, el ministro Dastis da la impresión de que ni está ni se le espera.

Felizmente, Puigdemont y Romeva sólo han logrado de momento distraer unos minutos a los comisarios y parlamentarios europeos, exhibiendo en el hemiciclo su ridícula bandera estrellada. Y confío en que mientras sigan trucando videos, inventándose agresiones inexistentes e incitando a la violencia en las calles de Barcelona no van a ganarse su simpatía. Auguro que sólo conseguirán unas palmaditas de diputados flamencos y escoceses resentidos, y algún iluso ‘podemita’ empeñado en convertir España en reinos de taifas. Lo que seguramente sí pasa desapercibido en la UE es la privación de derechos, opresión y discriminación que padecen los catalanes constitucionalista en las administraciones de la Generalitat, medios de comunicación, hospitales, juzgados, centros universitarios, empresas públicas… pero sobre todo la que padecen nuestros hijos en las escuelas, institutos y universidades públicas.

En Cataluña, decir la verdad, te convierte automáticamente en un traidor y un facha, o un ‘porc espanyol’ como amablemente me calificaron algunos estudiantes de los inexistentes països catalans’. Pocos intelectuales, aparte de Azúa, Savater, y nuestro Nobel Vargas Llosa, han levantado la bandera de la libertad y la igualdad para denunciar el recorte de derechos fundamentales y las amenazas que padecemos los ciudadanos catalanes. Algunos intelectuales y artistas “de izquierdas’ firmaron recientemente un manifiesto hace unas semanas posicionándose en contra del referéndum, pero son contados los que han denunciado la inmersión lingüística en catalán que se práctica en el sistema educativo, y la exclusión del castellano, la lengua mayoritaria de los catalanes, de la Cataluña oficial, incluidos los medios de comunicación. Hace años, acuñé la expresión, franquismo redivivo, para referirme a esta ‘españofobia’ rampante que se ha adueñado de Cataluña en las dos últimas décadas.

Hemos llegado al punto en que el Gobierno tiene que actuar, adoptar decisiones, y da la impresión que falta lucidez y determinación. Mejor sería, desde luego, contar con el respaldo del PSOE; pero si Sánchez y Robles anteponen la reprobación de la Vicepresidenta, por su gestión del 1-O, a la defensa de la democracia amenazada, desatendiendo opiniones de socialistas tan cualificados como Guerra, González, Bono, etc., PP y Ciudadanos tienen que seguir adelante: el PSOE se sumará o saltará en pedazos. El Gobierno tiene que vencer su paralizante acomplejamiento, convencerse y convencer al mundo de que España es un Estado democrático, cuyas intervenciones muy medidas –quizá demasiado– sólo pretenden salvaguardar los derechos de los catalanes y del resto de españoles, amenazados por el estado de excepción impuesto por el gobierno de la Generalitat el pasado 6 de septiembre.

Ningún gobierno del mundo ha sido estigmatizado por reprimir una manifestación insurreccional, como Mas continuó siendo presidente de la Generalitat tras ordenar a los Mozos desalojar, con fuertes dosis de violencia, a los indignados ‘comunitas’ acampados en la Plaza de Cataluña en 2015, cuyas actividades comparadas con la de Puigdemont y el resto de golpistas eran un juego inocente. Lo que, por el contrario, nadie olvida –menos aún los fríos inversores– es ver a un gobierno impotente, incapaz de mantener la seguridad jurídica y desplegar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para defender el orden constitucional dentro de sus fronteras.

Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Universidad Autónoma de Barcelona