Expressa’t: Bastaron 24 horas
Ayer me dirigía a una conferencia en el centro de Barcelona por la siempre populosa Puerta del Ángel. De las farolas pendían carteles de la ANC invitando a votar el 1-O y dando la bienvenida a la república. Una decena de números de Mozos de Escuadra y Guardia Urbana estaban desplegados y permanecían en pie junto a sus vehículos o agazapados en su interior. Tres horas después deshice el camino en sentido contrario y contemplé idéntica escena. No pude reprimirme. Me dirigí a dos buenos Mozos que charlaban animadamente en castellano y les pregunté por qué no retiraban los carteles que anunciaban un referéndum ilegal. Uno de ellos me contestó “hemos recibido una incidencia, lo siento” y echaron a andar. No he pasado esta mañana por el lugar pero a buen seguro que las banderolas de la ANC siguen colgadas en las farolas, como lo están en gran parte de Cataluña.
El presidente del Gobierno ha empeñado su palabra en que el referéndum no se hará y esperamos que, por el bien de la inmensa mayoría de los españoles y europeos, la amenaza de Puigdemont y Junqueras de celebrarlo no llegue a consumarse. Pero como el incidente que les acabo de relatar demuestra, el Gobierno de España no cuenta con los Mozos para impedirlo; más bien al contrario, si nos atenemos a las declaraciones que hicieron los responsables de la Consejería de Interior respecto a su papel el 1-O. La actitud desafiante de los manifestantes convocados por la ANC y Omnium frente a la sede de la Consejería de Economía, después de que un juez ordenara a la policía judicial efectuar varios registros, y el acoso a que sometieron a los agentes cuando intentaban abandonar el edificio al finalizar su tarea, dan una idea de hasta qué punto el orden público está en entredicho en Cataluña. Por si todo esto fuera poco, las hordas de manifestantes se han trasladado a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la Ciudad de la Justicia para acosar a los jueces y fiscales encargados de interrogar a los detenidos. Campan por sus respetos sin que los Mozos hagan nada para impedirlo.
El Ministro de Justicia ha despachado el asunto condenando el acoso al tercer poder del Estado. Sr. Catalá: usted no puede limitarse a denunciar los hechos porque, como Gobierno, tiene obligación de impedirlos. Los jueces y fiscales llevan años denunciando el tratamiento que reciben en los medios de comunicación de la Generalitat y están hartos de soportar los cánticos del orfeón secesionista frente sus sedes y, lo que resulta incluso más ominoso, ver a los alcaldes blandiendo amenazadoramente sus varas. La Vicepresidenta denuncia también “el clima de acoso” y pregunta a Puigdemont hasta cuándo va a seguir abusando y tensionando a la sociedad catalana. ¡Basta ya! ¿Qué más tienen que hacer para que detengan, no a los segundos de a bordo, sino a los primeros, a los auténticos responsables de coartar la libertad de expresión e instaurar un estado de excepción en la Comunidad Autónoma de Cataluña? ¿A qué espera el Gobierno para ponerlos a disposición de los Tribunales cuya autoridad dicen no reconocer?
Desconozco las decisiones que ha adoptado el Consejo de Ministros para afrontar lo que es ya una sedición en toda regla, organizada por el gobierno de la Generalitat. Pero deseo y espero que no sea, como han adelantados varios Ministros, una oferta de diálogo, más financiación y hasta de reforma de la Constitución. Vayan con cuidado porque en el otro extremo de los Pirineos, Urkullu se ha animado y está pidiendo un estado confederal, como el que recogía la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña que el PSC, CiU y ERC aprobaron en el Parlament en 2005. Mucho temo que la comisión territorial, aprobada ayer en el Congreso a instancias del PSOE-PSC, pretenda acabar con la Constitución de 1978 y consumar la disolución de España como comunidad de ciudadanos libres e iguales.
Sólo Rivera ha estado a la altura de las circunstancias y no ha defraudado a los españoles en este momento crítico. Ciudadanos ha votado en contra de la creación de la citada comisión, y Rivera ha manifestado que si bien está por el diálogo –¡quién podría no estarlo!–, no se puede dialogar con los golpistas Puigdemont y Junqueras, algo que la Vicepresidenta ha podido constatar de primera mano. La ausencia del Presidente en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros no puede tranquilizarnos a los españoles residentes en Cataluña, a quienes hemos apoyado al Gobierno de España hasta ahora, a pesar del abandono que hemos padecido durante décadas: mientras se nos vetaba e insultaba en los medios de comunicación públicos y subvencionados; mientras nuestras familias sufrían vejaciones y amenazas por solicitar la utilización del castellano como lengua vehicular; mientras soportábamos la hostilidad ambiental que nos asfixia en nuestros centros de trabajo cada día, etc.
Sr. Rajoy: los catalanes demócratas y constitucionalistas no podemos aguantar un pacto más con los secesionistas. El cómico Boadella tuvo que abandonar su tierra hace algunos años para escapar de la sociedad atrabiliaria y xenófoba que, alimentada con los presupuestos de la Generalitat, hoy amenaza a jueces, fiscales, diputados y ciudadanos de a pie. ¿Tendremos que marcharnos, siguiendo los pasos de Boadella o hemos de esperar a que nos expulsen de su república? Los golpistas van a por todas y su obligación como Presidente es restablecer el orden constitucional con la misma determinación y contundencia con que el Jefe del Estado atajó el golpe militar en 1981. Bastaron 24 horas.
Clemente Polo
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
Universidad Autónoma de Barcelona
