Expressa’t: Otra huelga ‘general’ contra la democracia en Cataluña
La nueva huelga ‘general’ que convocó una suerte de sindicato denominado Intersindical-CSC, ha sido un completo fracaso en cuanto a su incidencia en la actividad empresarial en el sector privado pero ha demostrado una vez más la eficacia de pequeños grupos organizados y violentos que pueden cortar autovías e infraestructuras ferroviarias provocando colapsos circulatorios que ocasionan serios perjuicios a los sufridos ciudadanos. Cientos de miles de horas de trabajo y ocio perdidas que se traducen en importantes pérdidas para la economía catalana y, por ende, también a la española. Cuánto tiempo más puede aguantarse esta situación es la pregunta que deben hacerse muchos empresarios, inversores, trabajadores, turistas y organizadores de congresos. A Puigdemont, Junqueras y demás políticos secesionistas parece importarles un bledo.
Sindicatos convocantes
Entre las organizaciones convocantes de esta huelga figuran la Confederación Sindical de Cataluña (Intersindical-CSC), la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) y la Coordinadora Obrera Sindical (COS), ‘sindicatos’ todos ellas próximas a partidos y asociaciones secesionistas y algunas sin apenas implantación en el mundo laboral. Con la excusa del aumento en la precariedad laboral, la CSC convocó huelga ‘general’ el 8-N, a la que no se sumaron los sindicatos mayoritarios, pero sí recibió el apoyo de las sindicales IAC y COS, los partidos ERC y CUP y las asociaciones ANC y Òmnium que llamaron a “paralizar el país”. El verdadero motivo de la huelga era protestar por los encarcelamientos ordenados por la juez Lamela de los líderes de la ANC (Sánchez) y Òmium (Cuixart), Junqueras (ERC) y siete exconsejeros del gobierno de la Generalitat. A pesar del carácter inequívocamente político de la huelga, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó la petición de la patronal Foment del Treball de suspenderla, algo que prueba hasta qué punto nuestra democracia es garantista, incluso para los ciudadanos y las organizaciones que pretenden socavarla.
El caso de CSC merece consideración más detallada. Su secretario general, Carles Sastre Benlliure, fue miembro del Exèrcit Popular Català (EPOCA) y Terra Lliure, y participó en mayo de 1977 en el asesinato del empresario catalán Josep María Bultó. Como es bien sabido, los terroristas exigieron al industrial el pago de 500 millones de pesetas en 24 horas y le adosaron una bomba a su cuerpo para asegurarse que pagaría, pero la bomba explotó pocas horas después y el industrial quedó despedazado. Ingresó en la cárcel Modelo pero fue amnistiado en octubre de 1977. En enero de 1978, Sastre y sus compinches acabaron, mediante idéntico procedimiento, con la vida de Viola Sauret, exalcalde de Barcelona, y su esposa. Huido a Francia, Sastre fue detenido en 1985 y fue condenado a 30 años por el asesinato de Bultó pero absuelto del doble asesinato de Viola y su mujer. En 1987, fue condenado a 18 años de prisión por pertenencia a banda terrorista y tenencia de armas.
Tras su liberación 11 años después, Sastre se recicló como sindicalista y fue nombrado secretario general de CSC en 2013. Su completa rehabilitación coincidió con la firma de un manifiesto de apoyo a Artur Mas y una entrevista en la que Grasset –también miembro de EPOCA reconvertido en presentador de TV3– lo calificó de “preso político” y “gran reserva del independentismo. Tal disparate provocó la reacción de Lucía Bultó, sobrina del empresario asesinado, que exigió al ‘presentador’ informarse mejor. El president Mas premió al terrorista convicto incorporándolo en 2015 a la mesa del ‘pacto nacional por el derecho a decidir y la instantánea en que aparece Sastre junto al ex juez Vidal en la escalinata del Parlament de Cataluña resume perfectamente el grotesco acontecimiento.
Incidencia de la huelga
La huelga del 3-N apenas afectó a la actividad económica de las empresas y al comercio en Cataluña pero si tuvo incidencia en el sector público y especialmente en el ámbito educativo, y provocó grandes atascos y pérdida de tiempo por la invasión de vías férreas, carreteras, autovías y autopistas. Según la patronal Foment del Treball la “huelga ilegal por motivaciones extralaborales” tuvo un seguimiento “prácticamente nulo” en casi los medios de transporte urbanos, hostelería comercio, industria, etc. Según la patronal de PIMEC que hasta hace poco coqueteaba con el secesionismo pero se desmarcó también de la huelga, el impacto fue del 4,3%.
En el ámbito educativo, la huelga fue respaldada por el sindicato de docentes USTEC-STEs y tuvo un impacto considerable en los centros públicos. A los alumnos se les advirtió que los profesores harían huelga y se suspenderían las clases. En la huelga del 3-N, la dirección de los centros remitió cartas a los padres para que solicitar permiso para que sus hijos se sumaran a la huelga convocada por los sindicatos estudiantiles. ¿En qué cabeza cabe que jóvenes de tercero y cuarto de ESO participen en una huelga general convocada? En la monstruosa cabeza de la exconsejera del gobierno en el exilio que anima a la resistencia desde Bruselas.
Lo que la huelga también evidenció es que la destitución de Trapero al frente de los Mozos de Escuadra no ha cambiado nada. La misma pasividad y connivencia que mostraron con los violentos ‘comités de defensa del referéndum’ el 1-O volvió a repetirse ante los ‘comités de defensa de la república’ el 8-N, que cortaron con impunidad calles carreteras, autovías y autopistas, y tomaron violentando las estaciones de Adif en Figueras y Barcelona. Todo un ensayo general de huelga revolucionaria. El resultado fueron colas kilométricas de automóviles y camiones y graves perjuicios para cientos de miles de sufridos trabajadores y ciudadanos. Renfe y Adif estiman que 150.000 viajeros resultaron afectados por la interrupción del tráfico ferroviario.
Irresponsabilidad sindical
Aunque las grandes sindicales no se sumaron a la huelga, los profesores y personal administrativo universitario recibimos mensajes de apoyo a los golpistas. Éste es el mensaje que recibí de la sección sindical xxxx de la UAB el 3 de noviembre: “Desde la mesa de la democracia continuamos defendiendo el autogobierno de Cataluña, así como las instituciones catalanas y las personas escogidas democráticamente para ejercer la representación de los intereses generales… y exigiendo la libertad de todos nuestros presos políticos y la retirada de todos los cargos”. No pude evitar responder manifestando que “estoy en contra de lo que afirman y me da vergüenza que envíen estos comunicados en favor de los golpistas. Debería sonrojarles pretender erigir muros entre ciudadanos, sobre todo si pretenden favorecer a los más ricos”.
La sindicalista que “a título personal” contestó mi correo –mantendré su nombre en el anonimato– confesaba que “debo decirle que particularmente yo también me siento incómoda con algunos de los textos que hemos enviado, porque no comparto algunas de las cosas que está defendiendo actualmente el sindicato del que formo parte, pero los textos los enviamos tal y cual nos los hacen llegar a nosotros, es decir son comunicados oficiales y como tales nos vemos obligados de enviarlos sin entrar en valoraciones, dado que no es esta nuestra función”. Flaco consuelo. Desde que UGT y CCOO decidieron subirse al carro del ‘derecho a decidir’ en 2014, las sindicales han respaldado la deriva secesionista del gobierno de la Generalitat. Hoy deberían explicar a los trabajadores las consecuencias de la salida de más de 2.300 sociedades de Cataluña, la caída del turismo y de las ventas de las empresas que amenazan sus puestos de trabajo. Gallego (CCOO) y Álvarez (UGT) deberían explicar si éste era el prometido “dividendo fiscal de la independencia”. El 21-D los catalanes tienen la oportunidad de rectificar antes de que los engulla la república de PuigCupqueras.
