Una ley impulsada por el movimiento LGTBI

Después de casi dos años, la ley contra la LGTBI fobia está mínimamente implementada.

Juanjo Fernández

Verónika G. llegó a Barcelona con esperanza de ser libre. Soñaba con poder ser ella misma, se sentía y era mujer desde niña. Dejó atrás Colombia y una familia conservadora que no entendía su manera de sentir. En el año 2009 decidió iniciar el tránsito hacia la libertad, el cambio necesario para que su cuerpo se correspondiera con su identidad. Después de 6 años y pasar por todas las duras pruebas que marcan los protocolos de la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínic, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la excluyó de la lista de espera. No le permitían acabar el proceso de reasignación de género, alegando  que no cumplía con 5 criterios médicos, entre ellos “que era demasiado mayor para ser transexual”, que “no tenía apoyo familiar”, “ni recursos económicos”; asegura la afectada.

Fue en el año 2013, programada su operación, cuando le comunicaron, que debido a los recortes, su intervención  de vaginoplastía (cirugía para modificar sus genitales) no podría ser realizada. No obstante, el proceso no terminó aquí, ya que si le permitían acceder a la operación de las cuerdas vocales, pero tenía que pasar por un largo tiempo en lista de espera. Verónika, acudió a la Asociación ACATHI (Asociación Catalana para la Integración de Homosexuales, Bisexuales y Transexuales Inmigrantes) pero no decidió denunciar en el Observatorio contra la Homofobia  hasta Enero del 2015; tras enterarse  que iban a operar a una compañera suya más joven y con menos años de tratamiento. “Jamás me dieron un informe escrito alegando las causas por las que no me operaban. Me he sentido maltratada por parte de la psicóloga, me trató de travesti,” asegura Verónika.

No fue hasta el 27 de Octubre de 2015, a través del Síndic de Greuges, cuando le comunicaron la resolución, alegando los criterios por los cuáles decidían no operarla. Rafael Ribó, del Síndic, solicitó al gobierno una revisión de su caso. Después de denunciarlo públicamente en los medios de comunicación y del árduo trabajo de las entidades LGTBI y especialmente del Observatorio Contra la Homofobia y la Asociación ACATHI, el Departament de Salut, operará, finalmente a Verónika, de las cuerdas vocales en Julio y de la reasignación de sexo, en Octubre de este mismo año.

Según el Observatorio Contra la Homofobia y el defensor del pueblo, el caso de Verónika ha sido un caso de discriminación sexual en toda regla y que estos criterios van en contra de la Ley catalana contra la LGTBI fobia aprobada el 2 de Octubre de 2014  y especialmente contra el artículo 16, en el que se “prevee la obligación general del sistema sanitario catalán de incorporar la perspectiva de género y tener en cuenta las necesidades específicas de las personas LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales), con la finalidad de garantizarles el derecho a recibir la atención sanitaria y disfrutar de los servicios de salud en condiciones de igualdad”. Pilar Lezca, de ACATHI, ha hecho una crítica al despliegue de la ley: “La ley tiene que venir con un paquete de medidas que se apliquen, sino es una ley infrautilizada, una ley vacía que no te da cobertura”. Que la ley 11/14 está siendo mínimamente implementada, es una opinión unánime dentro del movimiento LGTBI. “El trabajo del gobierno está haciéndolo el movimiento LGTBI”, asegura, Eugeni Rodríguez, Presidente del Observatorio contra la Homofobia.

LA LEY 11/14 Y SU SECUESTRO

La ley catalana promulgada el 10 de Octubre de 2014 tiene como objetivos desarrollar y garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGTBI) y evitar a estas personas situaciones de discriminación y violencia, para asegurar que en Cataluña se pueda vivir la diversidad sexual y afectiva en plena libertad. Para ello, la ley está dotada de una reglamentación con las herramientas necesarias y  con un plan de actuación transversal para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI que abarca los diferentes ámbitos sociales: Sanidad, educación, cultura, medios de comunicación, mundo laboral y familia. La ley debe disponer de un órgano que coordine la ejecución de las políticas LGTBI de los distintos departamentos de la Generalitat y debe estar dotado de suficientes medios personales y materiales.

Según palabras del presidente del OCH, Eugeni Rodríguez, el activismo LGTBI ha hecho posible que exista una ley pionera en el mundo que vele por los derechos de las personas LGTBI. Al preguntarle porque la ley  está siendo mínimamente desplegada, Eugeni es tajante: “Hasta hace poco la ley estaba secuestrada”. Para analizar el significado de esta frase hay que remontarse al gobierno anterior. La aprobación de la ley se dio con una coyuntura muy especial. La ley la propusieron los siguientes partidos: CUP, PSC, ICV, ERC y con el apoyo de Ciudadanos. Para aprobar esta ley era necesario el voto de CIU (Convergencia i Unió). La coalición de CIU hizo un pacto por el cuál apoyaban la ley pero, Unió Democrática de Catalunya, (UDC) no estuvo de acuerdo con la parte punitiva de la ley, en temas sobresalientes como la educación y  la sanidad. La Secretaría de Familia, en manos de Unió(UDC) era la responsable política de la implementación de la ley, “La secuestró, no hizo los pasos necesarios para Implementarla”. Tenía que crear  los organismos para despleglarla, dotarla de presupuesto, divulgarla entre los funcionarios, y, sobretodo, la parte más importante, crear un reglamento específico de cómo desplegar la ley”, asegura Eugeni Rodríguez.

EL PAPEL DEL MOVIMIENTO LGTBI EN LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY

La ley contra la LGTBI fobia ha sido fruto de la lucha incansable por parte de las entidades LGTBI, en especial del FAGC (Frente de Liberación Gay de Catalunya). El Observatorio  Contra la Homofobia es un proyecto del Front d’Alliberament Gay de Catalunya, constituido en 1975  siendo la primera organización del Estado español en la lucha contra la LGTBI fobia. El momento álgido se produjo en 1991, con el asesinato de la transexual Sonia en el Parc de la Ciutadella. En ese momento el colectivo LGTBI vio la necesidad de implementar un sistema organizado y con infraestructura para llevar a cabo las acusaciones populares. A partir de entonces, se creó la “oficina antidiscriminatoria”, ante  la necesidad de que el movimiento LGTBI también tuviera sus informes anuales sobre el estado de la homofobia . De forma muy activista, empezaron a trabajar el tema de la LGTBI fobia, agresiones y ayudas a las víctimas. El cambio fundamental se dio cuando el movimiento LGTBI pidió una ley contra la LGTBI fobia, a finales de los años noventa. Fue en ese momento cuando nació  la idea promovida por el FAGC de crear el -Observatorio  contra la Homofobia- (OCH). A principios del año 2000, se creó  el Observatorio(OCH)que pasó  a tener capacidad jurídica en el año 2008, como una  entidad autónoma. Desde entonces el Observatorio, una vez aprobada la ley 11/14 se ha dedicado a realizar un trabajo de implementación de la ley. Un sistema de implementación permanente sobre el estudio de la LGTBI fobia, cuyos objetivos principales son: Observar las discriminaciones, cuantificarlas, investigar y dar un servicio de denuncias. En 2015, el nuevo servicio que ofrecen y que aseguran desde el Observatorio, “es responsabilidad del gobierno”, es el de “Atención a la Víctima y Asesoramiento” (Art.9 Art.29 ley11/14). “No sólo las personas LGTBI pueden sufrir una agresión o discriminación, sino que se pueden encontrar en una situación de vulnerabilidad”, asegura el presidente del OCH.

Desde la promulgación de la ley el 10 de Octubre de 2014, han pasado 20 meses. Más de un año y medio esperando a que el gobierno comience a divulgar, a implementar la ley y desplegar el reglamento. Actualmente, las entidades LGTBI, están desbordadas ante los casos de discriminación y  la inacción  por parte de la administración pública así lo muestran los informes recogidos por el colectivo. Elena Longares es socióloga, activista, miembro de LesBiCat (Lesbianas, Bisexuales y Pansexuales de Catalunya) y colabora con el observatorio (OCH). Ha dirigido el informe sobre “El Estado de la LGTBI fobia en Catalunya 2015”. Es el primer estudio riguroso en convenio con la Generalitat, después de la aprobación de la ley, en el que se  hace un análisis cualitativo y cuantitativo de la LGTBI fobia durante el año 2015. El informe ha recogido las 113 incidencias denunciadas por vulneración al colectivo LGTBI. Debido a que el gobierno no ha desarrollado el régimen de sanciones e infracciones  previsto en la ley, las 113 incidencias registradas en el año 2015 por el Observatorio Contra la Homofobia, se han tenido que enviar al amparo del deber de intervención. El deber de intervención hace referencia a una actuación automática, prevista para aquellas situaciones en las que haga falta una rápida actuación. La intervención se realiza a través de los Mossos d’Esquadra, la Fiscalía o a través de Benestar Social.

Marc G.Olabarría, es activista LGTBI  y no  cree la versión oficial del gobierno: “La excusa que ponen es la falta de fondos económicos,  pero esa falta es voluntaria para evitar que se lleve a la práctica la defensa de las identidades LGTBI”, afirma el activista. Pese a la voluntad política de alcadesas como Ada Colau, que se ha comprometido abiertamente contra la LGTBI fobia, creando incluso una de las primeras regidurías destinadas a políticas LGTBI (Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI) Marc G, cree que “la cuestión principal es hacerlo a nivel de la Generalitat”. Elena Longares sostiene que- “deberían comenzar a desplegar con urgencia la normativa sancionadora y los artículos referentes a salud y educación”.

En Febrero de 2016 nació la llamada Red de municipios LGTBI de Catalunya, la primera red  en impulsar políticas LGTBI con el objetivo de trabajar en común, unirse para visibilizar la diversidad sexual, realizar campañas de sensibilización LGTBI, realizar acciones conjuntas e implementar la ley 11/14.

Fran Sánchez es regidor en el ayuntamiento de Ripollet de la primera concejalía de políticas LGTBI de Catalunya. La segunda regiduría fue la de Laura Pérez, regidora en Barcelona de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI. Ambas localidades tienen en sus ayuntamientos una regiduría destinada a políticas LGTBI. Se han ido sumando, Terrassa, Santa Coloma de Gramanet, Sabadell, Cerdanyola… “El objetivo es trabajar de manera transversal con el resto de regidurías”, afirma Fran.

Sobre la divulgación de la ley, asegura que desde el ayuntamiento de Ripollet, se están haciendo cosas, pero la ley está desplegándose mínimamente. Y añade- “Se está empezando a aplicar el artículo 10, dando formación al personal del ayuntamiento y  a la guardia urbana. “La Directora General de Igualdad de Género, Mireia Mata, nos ha dicho que se necesita una partida económica para ello”, afirma el regidor.

El regidor de Ripollet cree que las entidades LGTBI están haciendo más que el trabajo del gobierno: “Ellas crearon la ley, todas se unieron en un trabajo titánico”, sostiene Sánchez. Para el concejal toda ley se ha de implementar completamente, pero los puntos clave que se deberían empezar a aplicar son los referentes al campo educativo y sanitario.

CAMBIO DE GOBIERNO: DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD DE GÉNERO

Con la nueva legislatura, las políticas LGTBI de la Generalitat de Catalunya han cambiado, ahora son competencia de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya). Existe una nueva estructura con un rango superior: La Dirección General de Igualdad de Género, cuya directora es Mireia Mata. Su departamento es el encargado de implementar y divulgar la ley. Según Eugeni Rodríguez, “ahora sí que nos encontraríamos en un proceso, en el que el secuestro de la ley habría desaparecido y tendrían que empezar a hacer el reglamento, crear un presupuesto específico en educación, divulgar la ley y que todos los departamentos de la Generalitat comenzaran a desplegarla y a hacer las acciones necesarias”.

¿LA LEY EMPIEZA A IMPLEMENTARSE? LA DIRECTORA GENERAL DEIGUALDAD DE GÉNERO SE MANIFIESTA

Entre los puntos clave de la ley está el apartado de la salud en el que se hace hincapié de forma especial  sobre el derecho gratuito a la reproducción asistida de las mujeres lesbianas y el referente  a la despatologización de la transexualidad. En un acuerdo firmado per JuntsXSí y la CUP, se estableció que cuando hubiera un presupuesto, se incluiría una partida económica para garantizar la reproducción asistida a mujeres lesbianas. El gobierno ha puesto como fecha límite, Julio de este año. Para el artículo referente al nuevo enfoque de salud transexual, Mireia Mata ha puesto como fecha límite a finales del año 2016.

La directora general de Igualdad de Género se muestra optimista ante el despliegue de la ley y añade-“La ley está desplegándose, mínimamente, pero se han hecho cosas importantes: “Los protocolos de coordinación con el Departament d’Ensenyament, la colaboración con el mundo universitario, que es donde se crea el discurso social, la coordinación con los Mossos d’Esquadra, un pequeño plan de actuación interdepartamental y formación”. Para Mireia Mata, la coordinación entre ayuntamientos, administraciones, consejos comarcales, el consejo nacional LGTBI y las entidades es imprescindible para el desarrollo de la ley. Entre los objetivos cumplidos por la Dirección General de Igualdad de Género está el reciente convenio firmado con el Síndic de Greuges, el primer paso para desarrollar el reglamento sancionador; cuya finalidad es pasarse información bilateralmente, para intentar corregir las cosas que la administración no está haciendo bien para el colectivo LGTBI.  Mireia Mata incide en que es importante denunciar a los Mossos,  ya que son ellos los que conocen bien el proceso administrativo. “Cuántas más pruebas, más rápida será la expedición de las sanciones”, añade la Directora General de Igualdad De Género. Sobre el régimen de Sanciones e infracciones, Mireia Mata cree que la solución para acabar con la LGTBI fobia no es poner multas. “Una vez preparados los instrumentos legales y administrativos, hay que hacer un compromiso social y político día a día en la mentalidad social.”  Y añade –“que el hecho de que exista una ley no es garantía de que funcione bien”-. Sobre el tiempo que tardará en desplegarse el reglamento, la Directora General de Igualdad pone como límite  finales de 2016.

Mireia Mata reconoce que la ley no se ha desplegado como debería, aunque afirma:- “No estoy de acuerdo en que no se esté implementando-“ “La ley no se ha  parado por falta de recursos económicos, que también, sino por falta de voluntad política del anterior gobierno. “Aunque no está de acuerdo con la opinión que tiene el movimiento LGTBI, reconoce la gran labor que están realizando. Según la Directora General De Igualdad “Una ley es de un país, no de un movimiento, ni de un gobierno, sino de todo el conjunto de la sociedad”. Elena Longares, no comparte del todo estas palabras; “Es cierto que la ley es responsabilidad de todos, pero el gobierno tiene unas responsabilidades más amplias e importantes, como garantizar nuestros derechos y desplegar unos puntos concretos de la ley que sólo ellos pueden hacer ellos”. Además Elena afirma que “las entidades LGTBI siempre han hecho el trabajo del gobierno, pero más barato”.

El tiempo, será la prueba más fiable de que la implementación de esta ley sea una realidad  y no quede en mero papel mojado.